En el mundo contemporáneo, las políticas públicas no son simplemente decisiones tomadas por gobiernos aislados. Son el resultado de complejas interacciones entre múltiples actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que operan dentro de redes dinámicas. En el ámbito de la política criminal, esta realidad se vuelve aún más evidente, ya que las decisiones sobre seguridad, justicia y prevención del delito afectan directamente a la vida cotidiana de las personas. Este blog explora cómo se configuran estos actores y redes, y cuál es su papel en la formulación, implementación y evaluación de políticas criminales.
1. El
enfoque pluralista del análisis de políticas públicas
Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A.,
Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C.
(2016), estos actores mencionan, el análisis de políticas
públicas parte de una premisa fundamental: la política es plural. Esto
significa que no existe una única visión legítima sobre los problemas sociales
ni una única forma de resolverlos. En cambio, múltiples actores con intereses,
valores y recursos distintos compiten y colaboran para influir en las
decisiones públicas.
Este
enfoque pluralista reconoce que las políticas públicas no son el producto
exclusivo de los gobiernos, sino el resultado de interacciones entre actores
diversos: partidos políticos, burócratas, expertos, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, organismos
internacionales y ciudadanos.
2.
Actores gubernamentales y no gubernamentales
En el ámbito de la política criminal, los actores se pueden clasificar en cinco grandes categorías:
- Representantes políticos: toman decisiones buscando apoyo electoral. Sus acciones responden más a la lógica del poder que a la eficacia técnica.
- Burocracia: incluye jueces, policías y funcionarios públicos. Su legitimidad proviene de las normas y procedimientos administrativos.
- Grupos de interés especiales: como asociaciones de jueces, sindicatos policiales o colectivos vecinales afectados por la criminalidad
- Grupos de interés difusos: como ONG, o movimientos sociales que abogan por derechos humanos, justicia restaurativa o reformas penales.
- Expertos: criminólogos, académicos, analistas de políticas que aportan conocimiento técnico y científico.
Cada
uno de estos actores tiene objetivos, recursos y roles distintos, y su
influencia varía según el contexto político, institucional y social.
3.
Sociedad civil y medios de comunicación
La
sociedad civil desempeña un papel crucial en la definición de los problemas
públicos. A través de movilizaciones, campañas, litigios estratégicos o
participación en espacios de diálogo, puede presionar para que ciertos temas
entren en la agenda política. Un ejemplo paradigmático es la lucha contra la
violencia de género, que pasó de ser un asunto privado a convertirse en una
prioridad de política criminal gracias al activismo feminista.
Los
medios de comunicación, por su parte, actúan como porteros de la agenda
pública. No solo informan, sino que también construyen narrativas, amplifican
ciertos problemas y silencian otros. Su influencia puede generar “pánicos
morales” que impulsan respuestas políticas rápidas, aunque no siempre bien fundamentadas.
Casos como la ley de razas peligrosas de perros en España ilustran cómo los
medios pueden catalizar decisiones legislativas a partir de episodios aislados.
4.
Organismos internacionales y la agenda global
Aunque
el documento no se centra en ellos, se reconoce que los organismos
internacionales también influyen en la política criminal. A través de tratados,
recomendaciones, financiamiento o estándares técnicos, entidades como la ONU,
el Consejo de Europa o el Banco Mundial pueden orientar las prioridades
nacionales en materia de justicia penal, derechos humanos o seguridad.
5.
Redes de políticas públicas
Uno de
los conceptos clave del análisis contemporáneo es el de redes de políticas.
Estas redes están formadas por actores públicos y privados que interactúan de
manera relativamente estable en torno a un problema o sector específico. En el
caso de la política criminal, estas redes pueden incluir desde ministerios de
justicia hasta asociaciones de víctimas, pasando por universidades, ONG y
medios.
Las
redes permiten entender cómo se construyen consensos, se gestionan conflictos y
se articulan recursos en contextos de gobernanza compartida. También explican
por qué ciertas políticas se mantienen en el tiempo, incluso cuando cambian los
gobiernos.
6. Coaliciones
promotoras y mediadores
El
Marco de las Coaliciones Promotoras ofrece una perspectiva poderosa para
analizar el cambio en las políticas públicas. Según este modelo, los actores se
agrupan en coaliciones en función de sus creencias compartidas sobre un
problema y sus soluciones. Estas coaliciones compiten por influir en el diseño
y la implementación de las políticas.
Dentro
de estas redes y coaliciones, existen actores clave llamados mediadores o
policy brokers. Su función es facilitar la comunicación entre grupos con
intereses divergentes, construir puentes y promover acuerdos. En contextos
polarizados, su papel puede ser decisivo para evitar bloqueos y avanzar en
soluciones viables.
7. La
política criminal como campo de disputa
La
política criminal es un terreno especialmente sensible, donde los valores, las
emociones y los intereses se entrecruzan de forma intensa. La definición de qué
conductas son delictivas, qué castigos se aplican y cómo se previene el delito
está profundamente influida por luchas ideológicas, presiones mediáticas y
dinámicas sociales.
Por ejemplo, la percepción de inseguridad puede aumentar incluso cuando las tasas de criminalidad disminuyen, lo que lleva a políticas más punitivas sin base empírica sólida. En este contexto, el papel de los expertos y la evaluación rigurosa de las políticas se vuelve fundamental para evitar decisiones reactivas y costosas.
8.
Evaluación y aprendizaje
El
análisis de políticas públicas no se limita a describir actores y procesos.
También busca evaluar los resultados y promover el aprendizaje institucional.
La evaluación permite saber si una política ha logrado sus objetivos, qué
efectos no deseados ha generado y cómo puede mejorarse.
En el
ámbito de la política criminal, esto implica medir no solo la reducción del
delito, sino también el respeto a los derechos humanos, la equidad en la
aplicación de la ley y la eficiencia en el uso de los recursos.
Comprender
quiénes son los actores que participan en la política criminal, cómo se relacionan
y qué redes configuran, es esencial para diseñar políticas más justas, eficaces
y legítimas. El enfoque pluralista del análisis de políticas públicas nos
invita a reconocer la complejidad del proceso político y a valorar la
diversidad de perspectivas como una riqueza, no como un obstáculo.
En
tiempos de polarización y desconfianza, fortalecer las redes de diálogo, basar
las decisiones en evidencia y abrir espacios reales de participación ciudadana
son pasos clave hacia una política criminal más democrática y orientada al bien
común.
El
documento de los actores de la Universidad Nacional de La Plata. (2020) presentan
una mirada integral sobre el papel de los actores y redes en la política
pública, destacando que las decisiones no surgen de un único ente estatal, sino
de la interacción entre múltiples actores con intereses, recursos y
racionalidades distintas (política, técnica, burocrática y social). Las
políticas públicas se construyen en un entramado dinámico de relaciones, donde
influyen el poder, la negociación y los vínculos institucionales. Esta
perspectiva resalta la importancia de entender la política pública como un
proceso colectivo, conflictivo y en constante adaptación.
Referencias Bibliográficas
Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A.,
Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C.
(2016). Evaluación
y análisis de políticas públicas en la política criminal (2ª
ed., Módulo 6). En Política criminal. Oberta
UOC Publishing. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/3cd72491-844c-4a74-97df-b06652e1c72a/content
Universidad Nacional de La Plata. (2020). Clase
2. Las políticas públicas: actores y etapas [Guía de clase]. SEDICI,
Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/92760/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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