Delito y política pública: Enfoques preventivos, punitivos y restaurativos en la construcción social del crimen

La criminología ha dejado de ser una disciplina exclusivamente académica para convertirse en un eje fundamental de las políticas públicas. Las problemáticas criminológicas, como el delito, la violencia y la inseguridad, son hoy temas centrales en la agenda política y mediática. Esta transformación implica reconocer que el delito no es una realidad objetiva, sino una construcción social que responde a contextos históricos, culturales y políticos específicos (Baratta, 2004).

Desde una perspectiva crítica, el delito no es simplemente una conducta prohibida por la ley penal, sino una categoría socialmente construida. Esto significa que lo que una sociedad considera delito depende de múltiples factores: valores culturales, intereses económicos, relaciones de poder y dinámicas históricas

Por ejemplo, conductas como el consumo de drogas o el aborto han sido criminalizadas en algunos contextos y despenalizadas en otros. Esta variabilidad demuestra que el delito no es una categoría universal, sino una etiqueta que se asigna a determinadas conductas en función de intereses sociales y políticos.

Además, la criminalización suele estar sesgada. Grupos vulnerables como jóvenes de sectores populares, minorías étnicas o personas en situación de pobreza suelen ser más vigilados, controlados y castigados

El delito como problema público

Cuando una problemática criminológica se convierte en un tema de preocupación colectiva, pasa a formar parte de la agenda pública. Esto ocurre cuando los medios de comunicación, la opinión pública o los actores políticos visibilizan ciertos delitos como amenazas a la seguridad o al orden social

Este proceso de “problematización” del delito implica:

Definir el problema: ¿Qué se considera delito y por qué?

Asignar responsabilidades: ¿Quiénes son los responsables del delito?

Proponer soluciones: ¿Qué medidas deben tomarse para enfrentar el problema?

La forma en que se define y aborda el delito influye directamente en las políticas públicas que se diseñan e implementan. Por eso es fundamental analizar críticamente los discursos que circulan en torno al delito y sus implicaciones sociales.

Enfoques de política pública frente al delito

Las políticas públicas en materia criminológica pueden adoptar distintos enfoques, que responden a visiones diferentes sobre el delito, la justicia y la seguridad. A continuación, analizamos los tres enfoques principales: preventivo, punitivo y restaurativo.

1. Enfoque preventivo

El enfoque preventivo busca evitar que el delito ocurra. Parte del supuesto de que es posible intervenir en las causas sociales, económicas y culturales que generan comportamientos delictivos  Palacios, G. S. (s.f.). 

Este enfoque se basa en estrategias como:

•        Prevención social: programas educativos, inclusión social, fortalecimiento comunitario.
•        Prevención situacional: diseño urbano seguro, iluminación pública, cámaras de vigilancia.
•   Prevención temprana: intervención con niños y jóvenes en riesgo, apoyo familiar, orientación escolar.

·       La prevención es una estrategia a largo plazo que requiere inversión en políticas sociales y participación comunitaria. Aunque sus resultados no son inmediatos, es una de las formas más efectivas y sostenibles de reducir la criminalidad.

2. Enfoque punitivo

El enfoque punitivo se centra en la sanción del delito ya cometido. Parte de una lógica retributiva (el castigo como forma de justicia) y disuasiva (el castigo como forma de prevenir futuros delitos)

·       Este enfoque se traduce en políticas como:

•   Endurecimiento de penas
• Aumento de la presencia policial.
• Construcción de cárceles.
• Tolerancia cero.

Aunque puede generar una sensación de control y respuesta rápida, el enfoque punitivo tiene limitaciones importantes. Las cárceles suelen estar sobrepobladas, no rehabilitan y muchas veces reproducen la violencia. Además, este enfoque no aborda las causas estructurales del delito.

El video Criminología y Sociedad. (2021) “Problemáticas criminológicas como objeto de política pública” ofrece una introducción accesible y bien estructurada a los principales enfoques que guían las políticas públicas en materia de criminalidad. A través de un lenguaje claro y ejemplos pertinentes, se explican las diferencias entre los enfoques preventivo, punitivo y restaurativo, destacando sus objetivos, métodos y limitaciones.

Además, el video subraya cómo el delito no es solo una cuestión legal, sino también una construcción social influida por factores culturales, políticos y mediáticos. Esta perspectiva permite comprender por qué ciertas conductas son criminalizadas y otras no, y cómo estas decisiones impactan en la formulación de políticas públicas.

3. Enfoque restaurativo

El enfoque restaurativo propone una visión alternativa de la justicia. En lugar de centrarse en el castigo, busca reparar el daño causado por el delito, restaurar las relaciones sociales y promover la reconciliación

Este enfoque se basa en principios como:

1. ·     Participación activa de la víctima, el infractor y la comunidad.
2. ·       Reconocimiento del daño y responsabilidad del infractor.
3. ·       Reparación simbólica o material del daño.
4. ·       Reintegración social del infractor.

La justicia restaurativa se aplica en casos de delitos menores, conflictos comunitarios o en contextos de justicia juvenil. Ha demostrado ser eficaz para reducir la reincidencia y fortalecer el tejido social

Imagen 1. Justicia Restaurativa. Wachtel, T. (2016)

El delito en la agenda pública

La forma en que el delito entra en la agenda pública no es neutral. Muchas veces, los medios de comunicación y los discursos políticos construyen una imagen alarmista del delito, generando miedo y demandas de mano dura (Wacquant, 2001).

Este fenómeno, conocido como “populismo punitivo”, lleva a políticas reactivas, basadas en el castigo y el control, que no necesariamente resuelven el problema de fondo. Además, puede usarse con fines electorales, desviando la atención de otros problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad o la corrupción.

Por eso es fundamental promover una ciudadanía crítica, que cuestione los discursos hegemónicos sobre el delito y exija políticas públicas basadas en evidencia, derechos humanos y justicia social.

Las problemáticas criminológicas son complejas y multifactoriales. Abordarlas como objeto de política pública requiere una mirada integral, que combine prevención, sanción y reparación. También exige reconocer que el delito es una construcción social, influida por intereses y relaciones de poder.

Frente a los desafíos actuales, es necesario avanzar hacia políticas públicas que no solo castiguen, sino que prevengan y restauren. Solo así podremos construir sociedades más justas, seguras y solidarias.

Referencias Bibliográficas

Baratta, A. (2004).  Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI Editores https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina35729.pdf

Criminología y Sociedad. (2021, 6 de octubre). Problemáticas criminológicas como objeto de política pública [Video 1]. YouTube. https://youtu.be/oC9WXo-xyAE

Palacios, G. S. (s.f.). Criminología contemporánea. Universidad del Pacífico.  https://biblioteca.unipac.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/1.-CRIMINOLOGIA-CONTEMPORANEA-GERARDO-S-PALACIOS.pdf

Wachtel, T. (2016). En busca de un paradigma: Una teoría sobre justicia restaurativa. International Institute for Restorative Practices. [Imagen 1] https://www.iirp.edu/news/en-busca-de-un-paradigma-una-teoria-sobre-justicia-restaurativa

La Criminología en Acción

 

La criminología y su papel en las políticas públicas: de la teoría a la acción en un mundo cada vez más complejo y globalizado, la seguridad ciudadana y la prevención del delito se han convertido en prioridades fundamentales para los Estados. En este contexto, la criminología emerge no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta estratégica para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas eficaces.

1. Criminología como herramienta analítica y predictiva

La criminología, entendida como el estudio científico del delito, sus causas, efectos y formas de control, ofrece un marco teórico y metodológico que permite analizar fenómenos delictivos con profundidad. Esta capacidad analítica es esencial para identificar los factores estructurales y situacionales que propician la criminalidad: pobreza, exclusión social, desigualdad, falta de oportunidades, entre otros.

 Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A., Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C. (2016) Mencionan que además, la criminología tiene una función predictiva. A través de modelos como la criminología ambiental, del desarrollo o la teoría de las actividades rutinarias, se pueden anticipar patrones delictivos, identificar zonas de riesgo y prever comportamientos criminales. Esta capacidad predictiva permite a los gobiernos diseñar políticas preventivas más focalizadas y eficaces, como la vigilancia estratégica, la intervención temprana en jóvenes en riesgo o el rediseño urbano para reducir oportunidades delictivas.

El modelo sistémico de Easton, ampliamente citado en el análisis de políticas públicas, sitúa a la criminología como una disciplina que alimenta cada fase del ciclo de políticas: desde la identificación del problema hasta la evaluación de resultados

2. De la criminología académica a la aplicada: integración en decisiones públicas

Históricamente, la criminología ha sido una disciplina académica centrada en la producción de conocimiento. Sin embargo, en las últimas décadas ha evolucionado hacia una criminología aplicada, orientada a resolver problemas concretos de seguridad y justicia. Esta transición implica una colaboración más estrecha entre investigadores, responsables políticos y operadores del sistema penal.

Según Aguilera Portales, R. E., & González Cruz, J. (2011). Mencionan los siguientes ejemplos de integración práctica:

·       Prevención situacional del delito: Basada en teorías como la de las ventanas rotas o el diseño ambiental (CPTED), esta estrategia se ha aplicado en ciudades para rediseñar espacios públicos, mejorar la iluminación, eliminar puntos ciegos y aumentar la vigilancia natural, reduciendo así la criminalidad.

·       Justicia juvenil: La criminología del desarrollo ha demostrado que las trayectorias delictivas pueden modificarse con intervenciones tempranas. Esto ha llevado a la creación de programas de mentoría, educación y apoyo psicosocial para jóvenes en riesgo.

·       Políticas de seguridad ciudadana: En países como España y México, los criminólogos han participado en la elaboración de planes nacionales de seguridad, aportando diagnósticos basados en evidencia y evaluaciones de impacto.

·       Asistencia a víctimas: La criminología victimológica ha influido en la creación de programas de atención integral a víctimas del delito, reconociendo su papel central en el sistema de justicia.

En todos estos casos, el conocimiento criminológico se traduce en decisiones públicas concretas, legitimadas por su base científica y orientadas a resultados medibles.

Este video de Soberanes, S. (2021)., ofrece una visión clara y concisa sobre la relación entre la criminología y las políticas públicas. Explica cómo el conocimiento criminológico no solo sirve para entender el delito, sino también para diseñar estrategias de prevención y evaluación de políticas de seguridad. Es una reflexión útil tanto para estudiantes como para profesionales, ya que resalta la importancia de aplicar la teoría a la práctica con base en evidencia, siempre considerando el contexto social y los derechos humanos.

3. Evaluación de políticas criminológicas: el rol del criminólogo

Una política pública no puede considerarse exitosa si no se evalúa su impacto. La evaluación es una fase crítica del ciclo de políticas, y aquí el criminólogo desempeña un papel fundamental.

¿Qué implica evaluar una política criminológica?

Evaluar significa medir si una política ha cumplido sus objetivos, si ha sido eficiente en el uso de recursos, si ha generado efectos no deseados y si es sostenible en el tiempo. Para ello, se utilizan indicadores cuantitativos (reducción de delitos, reincidencia, percepción de seguridad) y cualitativos (satisfacción de usuarios, respeto a derechos humanos, legitimidad institucional).

Modelos de evaluación:

·       Top-down (de arriba hacia abajo): Se centra en los objetivos definidos por los diseñadores de la política. Evalúa si se cumplieron las metas establecidas desde el poder central.

·       Bottom-up (de abajo hacia arriba): Considera la experiencia de los actores que implementan la política (policías, trabajadores sociales, jueces, etc.) y de los beneficiarios. Este enfoque permite detectar problemas prácticos y ajustar la política en tiempo real

Funciones del criminólogo en la evaluación:

·       Diseñar metodologías de evaluación rigurosas.

·       Recolectar y analizar datos empíricos.

·       Interpretar resultados y proponer mejoras.

·       Garantizar que las políticas respeten los derechos fundamentales y no generen efectos adversos, como discriminación o criminalización excesiva.

En este sentido, el criminólogo actúa como un puente entre la ciencia y la política, asegurando que las decisiones públicas estén basadas en evidencia y orientadas al bien común.

               Hacia una política criminal basada en evidencia

La relación entre criminología y políticas públicas es cada vez más estrecha y necesaria. En un contexto donde los recursos son limitados y las demandas sociales son crecientes, los Estados necesitan diseñar políticas criminales eficaces, eficientes y justas. Para ello, deben apoyarse en el conocimiento que ofrece la criminología.

Pasar de una criminología meramente académica a una aplicada implica reconocer que el saber científico puede y debe transformar la realidad. Y en este proceso, el criminólogo no es solo un observador, sino un actor clave en la construcción de sociedades más seguras, equitativas y respetuosas de los derechos humanos.

 Referencias Bibliograficas

Aguilera Portales, R. E., & González Cruz, J. (2011). Política criminológica y seguridad pública: Un análisis alternativo desde la criminología crítica [PDF]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3104/6.pdf

Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A., Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C. (2016). Evaluación y análisis de políticas públicas en la política criminal (2ª ed., Módulo 6). En Política criminal. Oberta UOC Publishing. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/3cd72491-844c-4a74-97df-b06652e1c72a/content

Soberanes, S. (2021). Relación entre políticas públicas y la Criminología [Video 1]. YouTube. https://youtu.be/vNYpJorRTFY

"Interacción de Actores y Redes en el Proceso de Políticas Públicas"

 En el mundo contemporáneo, las políticas públicas no son simplemente decisiones tomadas por gobiernos aislados. Son el resultado de complejas interacciones entre múltiples actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que operan dentro de redes dinámicas. En el ámbito de la política criminal, esta realidad se vuelve aún más evidente, ya que las decisiones sobre seguridad, justicia y prevención del delito afectan directamente a la vida cotidiana de las personas. Este blog explora cómo se configuran estos actores y redes, y cuál es su papel en la formulación, implementación y evaluación de políticas criminales.

1. El enfoque pluralista del análisis de políticas públicas

Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A., Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C. (2016), estos actores mencionan, el análisis de políticas públicas parte de una premisa fundamental: la política es plural. Esto significa que no existe una única visión legítima sobre los problemas sociales ni una única forma de resolverlos. En cambio, múltiples actores con intereses, valores y recursos distintos compiten y colaboran para influir en las decisiones públicas.

Este enfoque pluralista reconoce que las políticas públicas no son el producto exclusivo de los gobiernos, sino el resultado de interacciones entre actores diversos: partidos políticos, burócratas, expertos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, organismos internacionales y ciudadanos.

2. Actores gubernamentales y no gubernamentales

En el ámbito de la política criminal, los actores se pueden clasificar en cinco grandes categorías:

•     Representantes políticos: toman decisiones buscando apoyo electoral. Sus acciones responden más a la lógica del poder que a la eficacia técnica.
•  Burocracia: incluye jueces, policías y funcionarios públicos. Su legitimidad proviene de las normas y procedimientos administrativos.
• Grupos de interés especiales: como asociaciones de jueces, sindicatos policiales o colectivos vecinales afectados por la criminalidad
• Grupos de interés difusos: como ONG, o movimientos sociales que abogan por derechos humanos, justicia restaurativa o reformas penales.
• Expertos: criminólogos, académicos, analistas de políticas que aportan conocimiento técnico y científico.

Cada uno de estos actores tiene objetivos, recursos y roles distintos, y su influencia varía según el contexto político, institucional y social.

3. Sociedad civil y medios de comunicación

La sociedad civil desempeña un papel crucial en la definición de los problemas públicos. A través de movilizaciones, campañas, litigios estratégicos o participación en espacios de diálogo, puede presionar para que ciertos temas entren en la agenda política. Un ejemplo paradigmático es la lucha contra la violencia de género, que pasó de ser un asunto privado a convertirse en una prioridad de política criminal gracias al activismo feminista.

Los medios de comunicación, por su parte, actúan como porteros de la agenda pública. No solo informan, sino que también construyen narrativas, amplifican ciertos problemas y silencian otros. Su influencia puede generar “pánicos morales” que impulsan respuestas políticas rápidas, aunque no siempre bien fundamentadas. Casos como la ley de razas peligrosas de perros en España ilustran cómo los medios pueden catalizar decisiones legislativas a partir de episodios aislados.

4. Organismos internacionales y la agenda global

Aunque el documento no se centra en ellos, se reconoce que los organismos internacionales también influyen en la política criminal. A través de tratados, recomendaciones, financiamiento o estándares técnicos, entidades como la ONU, el Consejo de Europa o el Banco Mundial pueden orientar las prioridades nacionales en materia de justicia penal, derechos humanos o seguridad.

5. Redes de políticas públicas

Uno de los conceptos clave del análisis contemporáneo es el de redes de políticas. Estas redes están formadas por actores públicos y privados que interactúan de manera relativamente estable en torno a un problema o sector específico. En el caso de la política criminal, estas redes pueden incluir desde ministerios de justicia hasta asociaciones de víctimas, pasando por universidades, ONG y medios.

Las redes permiten entender cómo se construyen consensos, se gestionan conflictos y se articulan recursos en contextos de gobernanza compartida. También explican por qué ciertas políticas se mantienen en el tiempo, incluso cuando cambian los gobiernos.

6. Coaliciones promotoras y mediadores

El Marco de las Coaliciones Promotoras ofrece una perspectiva poderosa para analizar el cambio en las políticas públicas. Según este modelo, los actores se agrupan en coaliciones en función de sus creencias compartidas sobre un problema y sus soluciones. Estas coaliciones compiten por influir en el diseño y la implementación de las políticas.

Dentro de estas redes y coaliciones, existen actores clave llamados mediadores o policy brokers. Su función es facilitar la comunicación entre grupos con intereses divergentes, construir puentes y promover acuerdos. En contextos polarizados, su papel puede ser decisivo para evitar bloqueos y avanzar en soluciones viables.

7. La política criminal como campo de disputa

La política criminal es un terreno especialmente sensible, donde los valores, las emociones y los intereses se entrecruzan de forma intensa. La definición de qué conductas son delictivas, qué castigos se aplican y cómo se previene el delito está profundamente influida por luchas ideológicas, presiones mediáticas y dinámicas sociales.

Por ejemplo, la percepción de inseguridad puede aumentar incluso cuando las tasas de criminalidad disminuyen, lo que lleva a políticas más punitivas sin base empírica sólida. En este contexto, el papel de los expertos y la evaluación rigurosa de las políticas se vuelve fundamental para evitar decisiones reactivas y costosas.

8. Evaluación y aprendizaje

El análisis de políticas públicas no se limita a describir actores y procesos. También busca evaluar los resultados y promover el aprendizaje institucional. La evaluación permite saber si una política ha logrado sus objetivos, qué efectos no deseados ha generado y cómo puede mejorarse.

En el ámbito de la política criminal, esto implica medir no solo la reducción del delito, sino también el respeto a los derechos humanos, la equidad en la aplicación de la ley y la eficiencia en el uso de los recursos.

Comprender quiénes son los actores que participan en la política criminal, cómo se relacionan y qué redes configuran, es esencial para diseñar políticas más justas, eficaces y legítimas. El enfoque pluralista del análisis de políticas públicas nos invita a reconocer la complejidad del proceso político y a valorar la diversidad de perspectivas como una riqueza, no como un obstáculo.

En tiempos de polarización y desconfianza, fortalecer las redes de diálogo, basar las decisiones en evidencia y abrir espacios reales de participación ciudadana son pasos clave hacia una política criminal más democrática y orientada al bien común.

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/92760/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

El documento de los actores de la Universidad Nacional de La Plata. (2020) presentan una mirada integral sobre el papel de los actores y redes en la política pública, destacando que las decisiones no surgen de un único ente estatal, sino de la interacción entre múltiples actores con intereses, recursos y racionalidades distintas (política, técnica, burocrática y social). Las políticas públicas se construyen en un entramado dinámico de relaciones, donde influyen el poder, la negociación y los vínculos institucionales. Esta perspectiva resalta la importancia de entender la política pública como un proceso colectivo, conflictivo y en constante adaptación.

 

Referencias Bibliográficas

Guardiola Lago, M. J., Padró‑Solanet, A., Quintero Olivares, G., Tamarit Sumalla, J. M., & Villacampa Estiarte, C. (2016). Evaluación y análisis de políticas públicas en la política criminal (2ª ed., Módulo 6). En Política criminal. Oberta UOC Publishing. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/3cd72491-844c-4a74-97df-b06652e1c72a/content

Universidad Nacional de La Plata. (2020). Clase 2. Las políticas públicas: actores y etapas [Guía de clase]. SEDICI, Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/92760/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

"El Ciclo de las Políticas Públicas: De la Identificación a la Retroalimentación"

Segunda entrada

 Delgado Godoy, L. (2009).  Nos menciona que las políticas públicas son el instrumento mediante el cual los gobiernos transforman sus intenciones en acciones concretas. En este apartado se analizará El ciclo de las políticas públicas. (Etapas: identificación del problema, formulación, adopción, implementación, evaluación y retroalimentación) Pero estas acciones no surgen de la nada: responden a un proceso estructurado, conocido como el ciclo de las políticas públicas, que permite comprender cómo se identifican los problemas sociales, cómo se diseñan soluciones y cómo se evalúan sus resultados. Este ciclo no es solo una herramienta teórica, sino una guía práctica para mejorar la eficacia y legitimidad de la acción pública.

Cairney, P. (2019) hace un enfoque sistemático permite una mejor comprensión de cómo las decisiones gubernamentales se transforman en acciones concretas que afectan a la sociedad. Además, facilita la identificación de áreas de mejora y la rendición de cuentas.

En resumen, el video es una herramienta educativa valiosa que desglosa de manera accesible un proceso complejo, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento en políticas públicas.

1. Identificación del Problema: El Punto de Partida

Toda política pública comienza con la percepción de un problema. Pero no cualquier problema se convierte automáticamente en objeto de intervención estatal. Para que eso ocurra, debe ser reconocido como tal por actores con capacidad de influencia y debe entrar en la agenda política.

Aquí se distinguen dos niveles: la agenda sistémica, que incluye todos los temas que preocupan a la sociedad, y la agenda institucional, que abarca aquellos que el gobierno decide abordar activamente. Esta selección no es neutra: está mediada por valores, intereses, poder político y presión social. Además, la definición del problema no es puramente técnica; implica interpretar causas, consecuencias y posibles soluciones, lo que convierte esta etapa en un proceso altamente político.

2. Formulación: Diseñando el Camino

Una vez que el problema ha sido identificado y aceptado como relevante, comienza la fase de formulación de políticas. Aquí se diseñan las posibles respuestas. Esta etapa implica:

1. · Establecer objetivos claros, que orienten la acción pública.

   ·  Generar alternativas de solución, tanto conocidas como innovadoras.

   · Evaluar esas alternativas, considerando sus costos, beneficios, viabilidad política y técnica.

   ·    Seleccionar la opción más adecuada, o una combinación de ellas.

Aunque se pueden aplicar herramientas analíticas como el análisis coste-beneficio, la decisión final no es puramente racional: está influida por el contexto político, los recursos disponibles y las capacidades institucionales.

3. Adopción: La Decisión Política

La formulación culmina en la adopción de una decisión, que convierte una propuesta en una política pública oficial. Esta etapa es exclusiva de los actores con autoridad legal para decidir: gobiernos, parlamentos, ministros, etc.

La adopción no garantiza la implementación exitosa, pero sí marca un punto de inflexión: a partir de aquí, la política deja de ser una idea para convertirse en un compromiso institucional. Es también el momento en que se asignan recursos, se establecen responsabilidades y se definen los marcos normativos

4. Implementación: De la Teoría a la Práctica

La implementación es el proceso mediante el cual la política adoptada se traduce en acciones concretas. Aquí entran en juego múltiples actores: agencias gubernamentales, gobiernos locales, empresas privadas, ONG, entre otros. Esta diversidad hace que la implementación sea una fase compleja, sujeta a múltiples interpretaciones, resistencias y adaptaciones.

Existen dos enfoques para entender esta etapa:

• El modelo de arriba hacia abajo, que ve la implementación como una ejecución jerárquica de decisiones.
• El modelo de abajo hacia arriba, que reconoce la importancia de los actores locales y su capacidad para adaptar la política al contexto.

Ambos enfoques son válidos y complementarios. Lo esencial es entender que la implementación no es automática: requiere coordinación, recursos, seguimiento y capacidad de adaptación.

5. Evaluación: Midiendo Resultados

Una vez que la política ha sido implementada, es necesario evaluar sus resultados. Esta etapa busca responder preguntas clave: ¿Se lograron los objetivos? ¿Qué impactos tuvo la política? ¿Qué se puede mejorar?

La evaluación puede centrarse en:

• Outputs: los productos generados (por ejemplo, número de escuelas construidas).
•   Outcomes: los efectos o impactos (por ejemplo, mejora en el nivel educativo).

No siempre es fácil medir los resultados, especialmente cuando se trata de cambios cualitativos o de largo plazo. Además, los efectos pueden diferir de los objetivos iniciales, lo que obliga a una evaluación crítica y abierta.

6. Retroalimentación: Aprender para Mejorar

El ciclo de las políticas públicas no termina con la evaluación. Esta etapa genera retroalimentación, que puede llevar a

• Redefinir el problema.
•  Reformular la política
• Ajustar su implementación.
• Incluso abandonarla si se considera ineficaz.

La retroalimentación convierte al ciclo en un proceso dinámico y continuo. Permite aprender de la experiencia, corregir errores y adaptar las políticas a nuevas realidades. En este sentido, la evaluación no es un fin, sino un medio para mejorar la acción pública.

El ciclo de las políticas públicas no es una receta rígida, sino un marco de análisis que ayuda a entender la complejidad de la acción gubernamental. Cada etapa está interconectada y condicionada por factores políticos, sociales, económicos e institucionales. Comprender este ciclo es clave para diseñar políticas más eficaces, legítimas y sostenibles.

                     Imagen 1. Cairney, P. (2019). Ciclo de Políticas Públicas.

En un mundo cada vez más interdependiente y exigente, los gobiernos necesitan no solo actuar, sino también reflexionar sobre cómo actúan. El ciclo de las políticas públicas ofrece una brújula para ese camino.

Referencias Bibliográficas

Cairney, P. (2019). Conceptos de política pública en 1000 palabras: El ciclo de la política pública y sus etapas. Paul Cairney: Politics & Public Policy. https://paulcairney.wordpress.com/2019/09/03/conceptos-de-politica-publica-en-1000-palabras-el-ciclo-de-la-politica-publica-y-sus-etapas/

Delgado Godoy, L. (2009). Las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Administraciones Públicas, Escuela de Administración Regional. Disponible en https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/12FA59A3CDFDB93805257E3500720A92/$FILE/A2T3.pdf

Pastor Castro. (2018). Ciclo de las políticas públicas [VIDEO 1]. Recuperado de https://youtu.be/EMBgVWL_Vqc?si=lPDrspW6JaE1vb_y

 

¿Qué son y cómo se construyen las Políticas Públicas?

 

¿Qué son las políticas públicas?

Según Ruiz López, D. (s.f.).  menciona que las políticas públicas son las acciones estratégicas del gobierno que son diseñadas para responder a las demandas sociales y resolver problemas colectivos. Es decir, que es el resultado de las decisiones planificadas, no reactivas que buscan influir en el comportamiento de la sociedad y promover el bienestar común.

Como enfoque se entiende que son procesos decisionales que implican actores y etapas, y se entienden como el pacto entre el Estado y sociedad, e involucran reglas, acciones y decisiones que afectan directamente la vida de los ciudadanos.

Los actores involucrados son el gobierno, empresas y sociedad civil, las políticas públicas tienen como ventajas que resuelven problemas concretos, se promueve la equidad y la integración social, pueden fomentar valores éticos como la igualdad y el acceso universal, y como desventaja tienen a veces no responden a las verdaderas necesidades sociales, pueden estar dominadas por intereses particulares y su diseño puede ser deficiente y pocos realistas.

A continuación, se presenta un video informativo explicando sobren las políticas públicas.

El video de Gestión Pública, 2018, ofrece una visión clara de las políticas públicas como estrategias planificadas del gobierno para atender demandas sociales y resolver problemas colectivos. Destaca que estas políticas no son reacciones improvisadas, sino procesos decisionales que involucran múltiples actores que buscan promover el bienestar común. Se reconoce que, aunque pueden fomentar la equidad y valores éticos como la igualdad.

Ahora bien, hablando de las diferencias entre política pública, proyecto y programa es importante conocer primero sus conceptos, como se habló anteriormente la política pública, es el conjunto de decisiones y acciones estratégicas tomadas por el Estado, el proyecto se entiende por una intervención puntual de recursos como cronogramas y metas definidas. Y programa se entiende por un conjunto organizado de acciones que operativizan una política pública.

Ahora si haciendo una comparación de las diferencias entre los aspectos mencionados anteriormente, es decir que, la diferencia mayoritaria es que radica principalmente en su alcance, nivel de generalidad y función dentro del proceso de intervención del Estado.

Por lo tanto, la política pública su mayor objetivo es orientar el desarrollo social, en cambio programa es ejecutar las líneas de acción, y proyecto, resuelven de lectura en una escuela.

Imagen 1. Correa Pino, A. C. (2022) Políticas Públicas

 

Ahora bien, hablando sobre las características de la intencionalidad, la orientación al bien común , los procesos de decisión y la acción gubernamental, según nos menciona Aguilar Villanueva, L. F. (2014).   Que las características de la intencionalidad se trata de las acciones planeadas, deliberadas y racionales diseñadas para resolver problemas específicos de la sociedad, por ende se requiere un diagnostico previo y están sustentadas en información técnica y científica, por lo tanto se formulan con un propósito de producir un cambio o resultado deseado en sociedad.

Por lo tanto, la orientación al bien común se tiene como fin el interés público, no el beneficio de un grupo privado o del gobierno mismo, ya que se enfoca en resolver necesidades colectivas, se justifican por su impacto positivo en la mayoría de la población, esto incluye principios de equidad, justicia social y derechos humanos.

En los procesos de decisión el resultado de un proceso complejo y estructurados de toma de decisiones, ya que incluye una formulación de opciones y estrategias, la participación ciudadana, y una selección de la mejor opción basada en criterios de factibilidad, eficiencia y legitimidad. Ya que esto resalta la participación democrática y deliberación racional como pilares del proceso de decisión.

La acción gubernamental es ejecutada por el Estado, a través de sus intenciones y recursos, por lo tanto, son acciones del gobierno legitimo y conforme a la legalidad, implica uso de recursos públicos, y requieren implementación institucional y evaluación de resultados.

Las políticas públicas son herramientas esenciales para el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. Su correcta formulación e implementación permite al Estado responder de manera efectiva a las necesidades de la población, promover el bienestar común y fortalecer la democracia. Sin embargo, para que cumplan con estos objetivos, es fundamental que se basen en diagnósticos rigurosos, cuenten con la participación activa de la ciudadanía y estén orientadas por principios éticos y de justicia social.

 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341

 Según el enlace de la autora Díaz Aldret, A. (2017). destaca cómo la inclusión de la ciudadanía en estos procesos puede contribuir a generar políticas más justas, eficaces y legítimas.

Este enlace analiza las implicaciones técnicas y políticas de la participación, los dilemas que surgen al implementarla, y propone un marco de cinco dimensiones para diseñar ofertas participativas institucionales. Esto es especialmente relevante en contextos democráticos donde se busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad entre Estado y sociedad. Es decir, este artículo es una fuente valiosa para comprender cómo la participación ciudadana puede mejorar la calidad de las políticas públicas y cómo debe ser diseñada e implementada para ser efectiva y sostenible.

Como conclusión, las políticas publicas destaca que las políticas públicas son acciones estratégicas y planificadas del Estado que buscan transformar la realidad social y promover el bienestar común. Subraya la importancia de la participación de diversos actores y la necesidad de que estas políticas se basen en diagnósticos técnicos, principios éticos y mecanismos de evaluación. En conjunto, se reafirma su papel esencial en la construcción de sociedades más justas, democráticas e inclusivas.

 Referencias Bibliográficas

Aguilar Villanueva, L. F. (2014). ¿Qué son las políticas públicas? Antecedentes, teoría y práctica. Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Recuperado de https://campusvirtual.icap.ac.cr/pluginfile.php/221054/mod_resource/content/2/Que%20son%20las%20PsPs.pdf

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